Formularios Notariales: Ley de Jurisdiccion Volunt
Lopez Cano, Javier
En palabras de sus respectivas exposiciones de motivos: La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, opta por atribuir el conocimiento de un número significativo de los asuntos que tradicionalmente se incluían bajo la rúbrica de la jurisdicción voluntaria a los Notarios. Estos profesionales, que aúnan la condición de juristas y de titulares de la fe pública, r...
Sinopsis
En palabras de sus respectivas exposiciones de motivos: La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, opta por atribuir el conocimiento de un número significativo de los asuntos que tradicionalmente se incluían bajo la rúbrica de la jurisdicción voluntaria a los Notarios. Estos profesionales, que aúnan la condición de juristas y de titulares de la fe pública, reúnen sobrada capacidad para actuar, con plena efectividad y sin merma de garantías, en algunos de los actos de jurisdicción voluntaria que hasta ahora se encomendaban a los Jueces. A los Notarios se les encomienda el conocimiento de aquellas materias donde su grado de preparación y su experiencia técnica favorecen la efectividad de los derechos y la obtención de la respuesta más pronta para el ciudadano. Su participación como órgano público responsable, tiene lugar en la mayoría de los actos de carácter testamentario sucesorio, como la declaración de herederos abintestato o la adveración y protocolización de los testamentos, pero también realizando los ofrecimiento de pago o admitiendo depósitos y procediendo a la venta de los bienes depositados. La Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, incide en la totalidad del procedimiento de subasta, tanto para bienes muebles como para inmuebles, adaptando el mismo al sistema electrónico. Este sistema se diseña fundamentándose en los criterios de publicidad, seguridad y disponibilidad. La Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, que tiene la finalidad de conseguir la deseable e inaplazable coordinación Catastro-Registro, tiene un contenido global y alcanza a las relaciones entre Catastro y Registro y a todos los procedimientos registrales que puedan afectar a las realidades
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